Ley 30424 en el Perú: delitos incluidos y eximente por Modelo de Prevención

¿Qué es la Ley 30424 y por qué es clave para las empresas en el Perú?

La Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, marcó un punto de quiebre en el sistema de cumplimiento corporativo en el Perú. Con sus modificaciones posteriores, su alcance se amplió de manera significativa hasta abarcar diversos delitos relevantes para la actividad empresarial. En la práctica, hoy constituye una de las principales normas de referencia para empresas, asociaciones, fundaciones, ONGs, consorcios y otras organizaciones que operan en el país.

Para efectos prácticos, la Ley 30424 establece que una persona jurídica puede ser sancionada cuando determinados delitos son cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio directo o indirecto, por sus socios, directores, administradores, representantes, apoderados o por personas bajo su autoridad y control. Esto ha cambiado la forma en que las organizaciones peruanas abordan el gobierno corporativo, la auditoría interna, la gestión de riesgos y el compliance.

Desde una perspectiva societaria y de control interno, esta ley ya no debe verse como una exigencia reservada a grandes corporaciones. También afecta a PYMES, empresas familiares, contratistas del Estado, exportadoras, ONGs y entidades que interactúan con funcionarios públicos, especialmente en sectores como construcción, salud, minería, educación, transporte, comercio exterior y servicios.

Además, la norma incorpora un elemento fundamental: la posibilidad de exoneración o atenuación de responsabilidad mediante la implementación de un Modelo de Prevención adecuado, eficaz y previo a la comisión del delito, según las condiciones previstas por la ley.

Base legal aplicable de la Ley 30424

La regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú no depende únicamente de la Ley 30424. Su aplicación debe analizarse junto con su reglamento, el Código Penal y otras disposiciones complementarias. Entre las principales referencias se encuentran:

• Ley N.° 30424, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1352 y la Ley N.° 30835.
• Reglamento de la Ley N.° 30424, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS.
• Código Penal peruano, en los artículos que tipifican los delitos comprendidos.
• Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887, especialmente en materia de deberes de directores, administradores y representación societaria.

Asimismo, el análisis de controles internos y prevención suele apoyarse en buenas prácticas internacionales de auditoría y aseguramiento. Por ejemplo, resulta útil vincular la evaluación del entorno de control con la NIA 315, “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno”, y la respuesta organizacional frente a riesgos con la NIA 330, “Respuestas del auditor a los riesgos valorados”. Aunque estas normas no regulan directamente la responsabilidad penal corporativa, sí aportan una lógica útil para evaluar el diseño y funcionamiento de controles.

¿Qué organizaciones pueden ser responsables bajo la Ley 30424?

La ley alcanza a diversas formas organizativas, no solo a sociedades anónimas. Dependiendo del caso concreto, puede comprender:

• Sociedades anónimas, S.A.C. y S.A.A.
• Sociedades comerciales de responsabilidad limitada.
• Asociaciones civiles y fundaciones.
• Cooperativas.
• Comités y otras personas jurídicas privadas.
• ONGs y entidades sin fines de lucro.
• Empresas del Estado o con participación estatal, según el supuesto aplicable.

En la práctica peruana, muchas organizaciones sin fines de lucro creen erróneamente que, por no perseguir utilidad, están fuera del alcance de esta ley. Ello no es correcto. Si una ONG o asociación participa en licitaciones, administra fondos de cooperación, realiza compras, contrata terceros o interactúa con funcionarios públicos, se expone a riesgos que deben ser gestionados formalmente.

Delitos incluidos en la Ley 30424

Uno de los aspectos más consultados es cuáles son los delitos que pueden generar responsabilidad para la persona jurídica. El listado ha sido ampliado progresivamente y debe revisarse con cuidado, porque no todos los delitos del Código Penal activan esta ley, sino solo aquellos expresamente comprendidos.

1. Cohecho activo transnacional

Fue el delito originalmente incorporado por la Ley 30424. Se encuentra regulado en el artículo 397-A del Código Penal. Se configura cuando se ofrece, promete o entrega un beneficio indebido a un funcionario público de otro Estado u organismo internacional público para obtener o retener negocios o ventajas indebidas en actividades económicas o comerciales internacionales.

Ejemplo peruano: una empresa exportadora domiciliada en Lima ofrece un pago encubierto a un funcionario aduanero de otro país para acelerar el ingreso de su mercadería y desplazar a competidores. Si el acto se realiza en beneficio de la empresa, esta podría ser investigada bajo la Ley 30424.

2. Cohecho activo genérico

Tipificado en el artículo 397 del Código Penal. Ocurre cuando se ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, ventaja o beneficio para que realice u omita actos propios de su cargo.

Ejemplo peruano: una empresa constructora entrega S/ 15,000 a un funcionario municipal para acelerar una conformidad de obra o evitar observaciones técnicas.

3. Cohecho activo específico

Regulado en el artículo 398 del Código Penal. Se refiere al soborno vinculado con magistrados, árbitros, fiscales, peritos, miembros de tribunales administrativos u otros sujetos con función decisoria especial.

Ejemplo práctico: una empresa involucrada en un arbitraje de contratación pública ofrece beneficios a un árbitro para influir en el laudo. Si la conducta busca favorecer a la empresa, esta podría afrontar sanciones.

4. Colusión

La colusión está prevista en el artículo 384 del Código Penal. Se relaciona con acuerdos indebidos entre un funcionario público y un particular en procesos de contratación, adquisiciones, ejecución de obras o cualquier operación a cargo del Estado, con perjuicio patrimonial o riesgo para el patrimonio público.

Ejemplo peruano: una proveedora acuerda con funcionarios de una entidad pública presentar especificaciones técnicas direccionadas para ganar una licitación de S/ 2 millones.

5. Tráfico de influencias

Tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Implica invocar o tener influencias reales o simuladas para interceder ante un funcionario o servidor público a cambio de un beneficio.

Ejemplo práctico: un gestor externo contratado por una empresa afirma tener llegada a un ministerio y cobra S/ 50,000 para obtener una autorización irregular.

6. Lavado de activos

Regulado por el Decreto Legislativo N.° 1106, especialmente en sus disposiciones sobre actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. La incorporación de este delito a la Ley 30424 elevó sustancialmente la importancia de los controles financieros, la debida diligencia y la trazabilidad documental.

Ejemplo peruano: una empresa recibe fondos de un supuesto proveedor sin sustento económico real y luego los canaliza como pagos por servicios inexistentes para dar apariencia de legalidad.

7. Financiamiento del terrorismo

Se encuentra regulado en el artículo 4-A del Decreto Ley N.° 25475 y normas complementarias. La responsabilidad de la persona jurídica puede activarse si la organización facilita, canaliza o permite recursos destinados a actividades terroristas.

Ejemplo práctico: una entidad acepta donaciones sin verificar origen ni beneficiarios finales, y parte de esos recursos termina financiando actividades prohibidas.

Tabla comparativa de los principales delitos comprendidos

¿Qué sanciones puede recibir una persona jurídica?

La Ley 30424 contempla sanciones severas que pueden comprometer seriamente la continuidad del negocio. Entre ellas se incluyen:

• Multa.
• Inhabilitación para contratar con el Estado.
• Suspensión de actividades.
• Prohibición de realizar en el futuro actividades de la misma clase.
• Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
• Clausura de locales o establecimientos.
• Disolución de la persona jurídica.

En términos societarios, estas medidas no solo tienen efecto económico. También pueden provocar incumplimientos contractuales, pérdida de financiamiento, activación de cláusulas de vencimiento anticipado, deterioro reputacional y observaciones de auditores, financiadores o cooperantes internacionales.

¿Qué es el Modelo de Prevención y por qué puede eximir de responsabilidad?

El aspecto más relevante de la Ley 30424 es que reconoce un eximente de responsabilidad cuando la persona jurídica ha adoptado e implementado, antes de la comisión del delito, un Modelo de Prevención idóneo para prevenir los delitos comprendidos o para reducir significativamente su riesgo de comisión.

Esto no significa que baste con tener un manual archivado o un código de ética firmado una sola vez. La autoridad evaluará si el modelo era real, adecuado, proporcional, conocido por la organización y efectivamente aplicado.

El sustento normativo se encuentra en la propia Ley 30424 y en su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS, que desarrolla los criterios de evaluación del modelo.

Elementos mínimos del Modelo de Prevención

Si bien la implementación debe adecuarse al tamaño, naturaleza, complejidad y riesgos de cada organización, en términos generales el modelo debe considerar:

• Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
• Designación de un encargado de prevención, cuando corresponda.
• Procedimientos de denuncia.
• Difusión y capacitación periódica.
• Evaluación y monitoreo continuo del modelo.

En la práctica, un modelo sólido suele incluir además:

• Código de ética y conducta.
• Política anticorrupción.
• Política de regalos, hospitalidades y donaciones.
• Debida diligencia de terceros, proveedores, clientes y socios.
• Controles contables y financieros.
• Matriz de riesgos de compliance.
• Canal de denuncias con protección al denunciante.
• Investigaciones internas documentadas.
• Régimen disciplinario.
• Revisión independiente o auditoría periódica.

Requisitos del eximente: cuándo sí y cuándo no aplica

Para que opere el eximente, no basta con afirmar que la empresa tenía controles. Debe demostrarse que el Modelo de Prevención existía antes del hecho investigado y que resultaba razonablemente apto para prevenirlo.

Supuestos en los que puede operar

• La empresa identificó riesgos de soborno en ventas al Estado y estableció controles, aprobaciones y monitoreo previo.
• Existía debida diligencia sobre terceros e intermediarios.
• El personal había recibido capacitación acreditable.
• Había canal de denuncias y mecanismos disciplinarios activos.
• La alta dirección supervisaba el cumplimiento.

Supuestos en los que normalmente no operará

• El modelo fue implementado después del hecho.
• Solo existían documentos formales sin aplicación real.
• No se evaluaron riesgos específicos del negocio.
• La gerencia toleraba pagos informales.
• No había evidencia de capacitación, monitoreo ni sanciones internas.

Tabla comparativa: modelo formal vs. modelo eficaz

Ejemplo práctico: empresa proveedora del Estado

Escenario

Una empresa mediana de servicios de mantenimiento en Trujillo participa regularmente en contrataciones públicas por montos entre S/ 200,000 y S/ 1,500,000. Para asegurar adjudicaciones, un gerente comercial contrata a un “consultor” externo que ofrece influir sobre funcionarios de una entidad regional. El consultor recibe S/ 80,000 bajo conceptos ambiguos de “asesoría estratégica”. Meses después, se detecta que parte del dinero fue destinado a pagos indebidos.

Análisis

En este caso podrían surgir riesgos vinculados con colusión, cohecho activo o tráfico de influencias, según los hechos probados. La persona jurídica podría ser investigada si se acredita que el acto se realizó en su beneficio.

¿Cómo habría ayudado un Modelo de Prevención?

Un modelo eficaz habría exigido:

• Debida diligencia previa del consultor.
• Contrato con objeto claro y honorarios razonables.
• Revisión de señales de alerta, como pagos desproporcionados o sin entregables.
• Aprobación escalonada de servicios sensibles.
• Capacitación específica al área comercial y de licitaciones.
• Monitoreo de operaciones relacionadas con el sector público.

Si la empresa hubiera contado con estos controles y pudiera demostrar su funcionamiento real, tendría mejores argumentos para invocar el eximente o, al menos, una atenuación relevante.

Ejemplo práctico: ONG que administra fondos de cooperación

Escenario

Una ONG con operaciones en Lima y Ayacucho administra proyectos financiados por cooperación internacional por más de S/ 3 millones al año. Para ejecutar actividades en zonas alejadas, contrata proveedores locales sin una validación adecuada. Posteriormente, se detectan facturas por servicios inexistentes y transferencias a cuentas de terceros sin justificación suficiente.

Análisis

Aunque se trate de una entidad sin fines de lucro, existen riesgos de lavado de activos, fraude documental y uso indebido de recursos. Si se verifica que la organización carecía de controles mínimos o que sus administradores omitieron supervisión razonable, la exposición legal y reputacional sería alta.

Lecciones de compliance

• Las ONGs también necesitan matrices de riesgo.
• La debida diligencia de proveedores es indispensable.
• Los desembolsos deben tener sustento documental y validación independiente.
• El canal de denuncias debe alcanzar a personal de campo y terceros.

Relación entre compliance, auditoría y control interno

La implementación de un Modelo de Prevención no debe verse como una tarea aislada del área legal. Requiere coordinación entre gerencia, finanzas, recursos humanos, logística, auditoría interna y, cuando corresponda, auditoría externa.

Desde la perspectiva de control, es recomendable alinear el modelo con procesos de evaluación de riesgos y documentación de controles. En ese sentido, las buenas prácticas asociadas a la NIA 240, “Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude”, la NIA 315 y la NIA 330 pueden servir como referencia metodológica para fortalecer la prevención y detección temprana de irregularidades.

Asimismo, cuando existen pagos a terceros, operaciones en efectivo, donaciones, gastos de representación o contratación con el Estado, la revisión documental y contable debe ser especialmente rigurosa. Un control deficiente no solo incrementa el riesgo penal, sino también contingencias tributarias ante SUNAT.

Recomendaciones para implementar un Modelo de Prevención en el Perú

1. Realice un diagnóstico inicial de exposición a delitos comprendidos en la Ley 30424.
2. Elabore una matriz de riesgos por procesos, sedes, áreas y terceros vinculados.
3. Designe responsables con autonomía y acceso a la alta dirección.
4. Apruebe políticas claras sobre anticorrupción, conflictos de interés, regalos, donaciones y terceros.
5. Fortalezca los controles financieros para evitar pagos sin sustento o registros ambiguos.
6. Implemente un canal de denuncias funcional y confiable.
7. Capacite periódicamente a directores, gerentes, personal y terceros críticos.
8. Documente todo: evaluaciones, capacitaciones, investigaciones y medidas correctivas.
9. Monitoree y actualice el modelo al menos una vez al año o cuando cambie el riesgo.

Conclusión

La Ley 30424 ha consolidado en el Perú un nuevo estándar de responsabilidad corporativa. Hoy no basta con que la empresa alegue desconocimiento sobre actos indebidos cometidos por sus directivos, trabajadores o terceros vinculados. Si el delito se cometió en su nombre, por su cuenta o en su beneficio, la persona jurídica puede enfrentar sanciones severas, incluso la disolución.

Por ello, identificar correctamente los delitos incluidos —como cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo— es solo el primer paso. El verdadero factor diferenciador está en contar con un Modelo de Prevención real, proporcional y eficaz, capaz de operar como eximente o, al menos, como elemento atenuante frente a una investigación.

En el contexto peruano, donde muchas organizaciones aún mantienen controles informales, implementar un sistema de compliance bien diseñado ya no es opcional: es una decisión estratégica de protección legal, financiera y reputacional.

Si su empresa, ONG o entidad requiere evaluar riesgos, diseñar su Modelo de Prevención o fortalecer sus controles internos, puede escribirnos a auditor@carloslingan.pe para una consulta especializada.