Políticas antifraude, anticorrupción y salvaguarda (Safeguarding) exigidas por cooperantes internacionales

Políticas antifraude, anticorrupción y salvaguarda (Safeguarding) exigidas por cooperantes internacionales

En los últimos años, los cooperantes internacionales han elevado significativamente sus exigencias de cumplimiento para organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones y entidades ejecutoras de proyectos sociales. Ya no basta con demostrar una correcta ejecución presupuestal o una adecuada rendición de cuentas financiera. Hoy se exige, además, contar con políticas formales antifraude, anticorrupción y de salvaguarda (safeguarding), debidamente aprobadas, implementadas, difundidas y monitoreadas.

Para las ONGs en Perú, este cambio implica fortalecer su sistema de control interno, su gobierno institucional y sus mecanismos de prevención de riesgos. En la práctica, muchos financiadores internacionales solicitan estas políticas como requisito previo para aprobar una subvención, firmar un convenio o desembolsar fondos.

En este artículo explicamos qué son estas políticas, por qué son exigidas por los cooperantes internacionales, cuáles son sus componentes mínimos, cómo se relacionan con la auditoría de ONGs y qué pasos concretos deben seguir las organizaciones peruanas para cumplir adecuadamente.

¿Por qué los cooperantes internacionales exigen estas políticas?

Los cooperantes internacionales buscan proteger tres elementos esenciales:

• Los recursos financieros entregados a la organización.
• La integridad institucional del ejecutor local.
• La seguridad y dignidad de las personas beneficiarias, especialmente niñas, niños, adolescentes, mujeres y poblaciones vulnerables.

En otras palabras, el financiamiento internacional ya no se evalúa solo desde una perspectiva contable, sino también desde un enfoque de cumplimiento, ética, gestión de riesgos y derechos humanos.

Esto se alinea con estándares internacionales de auditoría y control interno. Por ejemplo, la NIA 240 - Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude exige considerar los riesgos de fraude en la auditoría. Asimismo, la NIA 250 - Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros requiere evaluar el cumplimiento normativo que pueda afectar materialmente a la entidad.

Desde la perspectiva contable, la NIC 1 - Presentación de Estados Financieros exige que la información financiera se presente razonablemente, lo cual presupone un entorno de control interno adecuado. Además, la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes y la NIC 20 - Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales pueden ser relevantes en la medida en que la entidad deba reconocer y revelar adecuadamente ciertos fondos y condiciones asociadas.

¿Qué comprende una política antifraude?

La política antifraude es el documento institucional que establece la posición de tolerancia cero frente a actos fraudulentos y define mecanismos de prevención, detección, reporte, investigación y sanción.

Objetivo de la política antifraude

Su objetivo principal es reducir el riesgo de pérdidas económicas, daño reputacional y observaciones de auditoría derivadas de actos como:

• Falsificación de comprobantes de pago.
• Alteración de rendiciones de viáticos.
• Manipulación de procesos de compras.
• Desvío de fondos de proyectos.
• Pago a proveedores ficticios.
• Duplicidad de reembolsos.
• Uso personal de activos financiados por el cooperante.

Contenido mínimo de una política antifraude

Ejemplo práctico

Una ONG en Lima ejecuta un proyecto de nutrición infantil financiado por una agencia europea. Durante la revisión interna, se detecta que un asistente administrativo presentó tres facturas de movilidad que no cumplían con sustento razonable y que, además, correspondían a fechas en las que estaba de vacaciones. Si la organización cuenta con una política antifraude y controles adecuados, el hecho puede reportarse de inmediato, activarse una investigación interna, cuantificarse el perjuicio y comunicarse oportunamente al cooperante, evitando una observación mayor en la auditoría del proyecto.

¿Qué exige una política anticorrupción?

La política anticorrupción va más allá del fraude financiero. Busca prevenir sobornos, pagos indebidos, tráfico de influencias, regalos inapropiados, favoritismo en contrataciones y cualquier conducta que comprometa la imparcialidad institucional.

En el contexto peruano, este punto es especialmente sensible cuando la ONG interactúa con municipalidades, gobiernos regionales, centros de salud, instituciones educativas públicas o programas estatales.

Marco legal relevante en Perú

Si bien muchas exigencias provienen del cooperante, la organización también debe considerar la normativa nacional. Por ejemplo:

• Código Penal peruano: regula delitos contra la administración pública, cohecho y corrupción de funcionarios.
• Ley N.° 30424, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1352 y la Ley N.° 31740: regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por determinados delitos, incluyendo cohecho, lavado de activos y otros supuestos aplicables según corresponda.
• Ley N.° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento: relevante cuando los canales de denuncia o procesos de investigación tratan datos sensibles.

Además, cuando la organización administra fondos de cooperación, debe observar adecuadamente sus obligaciones contables y tributarias frente a SUNAT, así como la documentación de sustento de operaciones.

Elementos esenciales de una política anticorrupción

Ejemplo práctico

Una asociación sin fines de lucro en Cusco desarrolla un proyecto de agua y saneamiento rural. Un funcionario local insinúa que el expediente avanzará más rápido si se “apoya” con S/ 1,500 para gastos de coordinación. Sin una política anticorrupción clara, el equipo de campo podría considerar el pago como un costo operativo menor. Sin embargo, con una política bien implementada, el personal sabe que ese pago está prohibido, debe rechazarlo, documentar el incidente y escalarlo a la Dirección Ejecutiva y al cooperante si corresponde.

¿Qué es safeguarding o política de salvaguarda?

El término safeguarding se refiere al conjunto de medidas destinadas a prevenir y responder frente a situaciones de abuso, explotación, negligencia, hostigamiento, violencia o afectación a personas vinculadas con la organización, especialmente beneficiarios y poblaciones vulnerables.

Los cooperantes internacionales suelen considerar esta política como indispensable, sobre todo en proyectos que involucran trabajo comunitario, atención a menores de edad, salud, educación, protección, género, ayuda humanitaria y desarrollo territorial.

Alcance de una política de safeguarding

Una política de salvaguarda no se limita al abuso sexual. También puede abarcar:

• Protección de niñas, niños y adolescentes.
• Prevención de explotación y abuso sexual.
• Prevención del acoso y hostigamiento laboral o sexual.
• Protección frente a maltrato físico o psicológico.
• Uso seguro de imágenes y datos personales de beneficiarios.
• Conducta adecuada del personal en campo.
• Protocolos de actuación ante denuncias.

Relación con la normativa peruana

En Perú, la implementación de estas políticas debe armonizarse con normas como:

• Ley N.° 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
• Ley N.° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales.
• Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N.° 27337.
• Ley N.° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Si la organización trabaja con menores de edad o poblaciones vulnerables, la ausencia de una política de safeguarding puede representar no solo un incumplimiento contractual frente al cooperante, sino también una exposición legal y reputacional severa.

Contenido mínimo de una política de safeguarding

Ejemplo práctico

Una ONG en Loreto ejecuta un proyecto educativo con adolescentes de comunidades rurales. Durante una visita de supervisión, una voluntaria recibe mensajes inapropiados de un coordinador de campo dirigidos también a una beneficiaria. Si existe una política de safeguarding, el caso debe canalizarse de inmediato mediante el protocolo establecido, protegiendo a la menor, suspendiendo preventivamente al involucrado si corresponde y documentando el proceso. Si la organización no cuenta con esta política, el riesgo de daño a la víctima y de incumplimiento grave frente al cooperante aumenta considerablemente.

Diferencias entre política antifraude, anticorrupción y safeguarding

¿Qué revisan los cooperantes y los auditores externos?

En una auditoría de proyectos financiados por cooperación internacional, no solo se revisan vouchers, conciliaciones o estados financieros. También se evalúa si la organización cuenta con un entorno de control razonable y evidencia de cumplimiento.

Aspectos comúnmente revisados

• Existencia formal de políticas aprobadas por el órgano competente.
• Difusión al personal y evidencia de capacitaciones.
• Firma de códigos de conducta.
• Declaraciones de conflicto de interés.
• Canales de denuncia operativos.
• Registro y seguimiento de incidentes.
• Controles en compras, caja, viáticos y contrataciones.
• Procedimientos de selección de personal sensible.
• Cláusulas contractuales con proveedores y consultores.
• Reportes al cooperante cuando hubo incidentes materiales.

Desde la auditoría, esto se conecta con la NIA 315 - Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, así como con la NIA 330 - Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Si la ONG no tiene políticas ni controles adecuados, el riesgo de incorrección material y de incumplimiento contractual aumenta.

Cómo implementar estas políticas en una ONG peruana

1. Realizar un diagnóstico de brechas

El primer paso consiste en revisar qué documentos existen, cuáles están desactualizados y qué exige cada cooperante. Muchas ONGs tienen reglamentos internos, pero no políticas específicas alineadas a estándares internacionales.

2. Aprobar políticas formales

Las políticas deben ser aprobadas por el Consejo Directivo, Asamblea o el órgano definido en el estatuto. Esto fortalece su legitimidad y trazabilidad.

3. Adaptarlas a la realidad operativa

No basta con copiar modelos. Una ONG que trabaja en zonas rurales de Puno o Amazonas necesita procedimientos adaptados a contextos con conectividad limitada, uso intensivo de efectivo o trabajo comunitario frecuente.

4. Capacitar al personal y terceros

Las políticas deben explicarse con ejemplos reales: viáticos, compras locales, trato con autoridades, uso de imágenes de beneficiarios, interacción con menores, entre otros.

5. Establecer evidencia documentaria

En auditoría, lo que no está documentado suele considerarse no realizado. Por ello, es clave conservar:

• Actas de aprobación.
• Constancias de capacitación.
• Declaraciones firmadas.
• Matriz de riesgos.
• Registro de denuncias e investigaciones.
• Acciones correctivas implementadas.

6. Monitorear y actualizar

Las políticas deben revisarse por lo menos una vez al año o cuando cambien las exigencias del cooperante, la estructura de la organización o el tipo de proyecto ejecutado.

Errores frecuentes en ONGs peruanas

• Tener políticas genéricas descargadas de internet sin adaptación local.
• No capacitar al personal de campo.
• Carecer de canal de denuncias funcional.
• No documentar conflictos de interés.
• Concentrar funciones de compras, pagos y rendición en una sola persona.
• No reportar oportunamente incidentes al cooperante.
• Confundir safeguarding solo con protección infantil, dejando fuera acoso, explotación y abuso.

Ejemplo práctico integral

Una ONG de Arequipa recibe un financiamiento de S/ 1,200,000 para ejecutar un proyecto de fortalecimiento económico de mujeres emprendedoras. El cooperante solicita, antes del primer desembolso, tres documentos obligatorios: política antifraude, política anticorrupción y política de safeguarding.

La organización ya contaba con manual de tesorería y reglamento interno, pero no con políticas específicas. Durante el diagnóstico se detecta que:

• No existía declaración anual de conflictos de interés.
• Las compras menores se hacían con una sola cotización.
• No había protocolo para denuncias de hostigamiento.
• El personal de campo tomaba fotos de beneficiarias sin consentimiento documentado.

Luego de implementar las políticas, la ONG adopta las siguientes medidas:

• Canal de denuncias al correo institucional de cumplimiento.
• Formato obligatorio de conflicto de interés.
• Regla de mínimo tres cotizaciones para compras relevantes.
• Consentimiento informado para uso de imagen y datos personales.
• Capacitación obligatoria para todo el equipo y consultores.

Seis meses después, una auditoría del proyecto verifica que la organización no solo tenía las políticas aprobadas, sino también evidencia de aplicación. El resultado fue una mejor calificación del control interno y menor riesgo de observaciones contractuales.

Beneficios de cumplir con estas exigencias

Contar con políticas robustas no debe verse únicamente como una obligación del cooperante. También aporta beneficios concretos para la sostenibilidad institucional:

• Reduce riesgos financieros y legales.
• Fortalece la confianza de donantes y aliados.
• Mejora la gobernanza y transparencia.
• Facilita auditorías externas y due diligence.
• Protege a beneficiarios, trabajadores y voluntarios.
• Incrementa la elegibilidad para nuevos fondos internacionales.

Conclusión

Las políticas antifraude, anticorrupción y safeguarding se han convertido en un requisito esencial para las ONGs que reciben o buscan recibir financiamiento de cooperantes internacionales. No se trata de simples documentos formales, sino de herramientas de gestión que protegen recursos, reputación institucional y, sobre todo, a las personas vinculadas con los proyectos.

En el contexto peruano, su implementación debe combinar estándares internacionales, buenas prácticas de auditoría y cumplimiento de la normativa local. Una organización que adopta estas políticas de forma seria, documentada y operativa no solo reduce observaciones y contingencias, sino que fortalece su credibilidad y capacidad de crecimiento.

Si su organización necesita apoyo para diseñar, revisar o auditar políticas antifraude, anticorrupción y safeguarding, en Carlos Lingan & Asociados S.C. podemos ayudarle. Para consultas, escríbanos a auditor@carloslingan.pe.