Prevención de lavado de activos (SPLAFT) en ONGs y organizaciones sin fines de lucro ante la UIF-SBS

¿Por qué el SPLAFT es clave para las ONGs y organizaciones sin fines de lucro en Perú?

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y demás entidades sin fines de lucro cumplen un rol social fundamental en el Perú: ejecutan proyectos de salud, educación, desarrollo comunitario, protección ambiental, asistencia humanitaria y fortalecimiento institucional. Sin embargo, precisamente por manejar fondos de cooperación, donaciones locales e internacionales, subvenciones y recursos destinados a poblaciones vulnerables, también pueden estar expuestas a riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este contexto, contar con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) no debe verse solo como una exigencia regulatoria, sino como una herramienta de gobierno, transparencia y sostenibilidad institucional. Una ONG con controles débiles puede ser utilizada, incluso sin saberlo, para canalizar aportes de origen ilícito, justificar operaciones inexistentes, fragmentar transferencias, sobredimensionar gastos de proyectos o encubrir beneficiarios finales.

Desde la perspectiva de auditoría, el riesgo no solo es legal. También existen impactos reputacionales severos: pérdida de financiamiento internacional, observaciones de cooperantes, restricciones bancarias, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y debilitamiento de la confianza pública.

Por ello, resulta indispensable que las ONGs y organizaciones sin fines de lucro evalúen si están sujetas a obligaciones ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y, de ser el caso, implementen procedimientos proporcionales a su tamaño, estructura y nivel de exposición.

Marco normativo aplicable al SPLAFT en Perú

La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el Perú se sustenta en un marco legal y regulatorio que debe ser conocido por directivos, administradores, contadores, auditores internos y responsables de cumplimiento.

Normas legales principales

Entre las normas más relevantes se encuentran las siguientes:

• Ley N.° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, especialmente sus disposiciones sobre recepción, análisis y tratamiento de información para detectar operaciones sospechosas.
• Ley N.° 29038, que incorpora la UIF-Perú a la SBS.
• Decreto Legislativo N.° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
• Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, modificada y ampliada para comprender, entre otros, delitos de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo.
• Ley N.° 28305, Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados, aplicable indirectamente en escenarios de debida diligencia reforzada según actividades o zonas geográficas de riesgo.
• Código Penal, artículos vinculados al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según la tipificación vigente.

Asimismo, la SBS emite resoluciones y reglamentos específicos para los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú. En la práctica, cada organización debe revisar si por su actividad, volumen, estructura de captación o administración de fondos, o por disposiciones sectoriales específicas, se encuentra comprendida dentro de las obligaciones de prevención y reporte.

Relación con el control interno y la auditoría

Desde la óptica del control y aseguramiento, el SPLAFT se conecta con estándares internacionales de auditoría y de información financiera. Por ejemplo:

• NIA 240 - Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, relevante para identificar riesgos de fraude vinculados a transacciones inusuales o fondos de origen no claro.
• NIA 250 - Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros, aplicable para evaluar incumplimientos normativos con efecto material o reputacional.
• NIA 315 - Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, útil para comprender la exposición de una ONG a riesgos LA/FT.
• NIA 330 - Respuestas del auditor a los riesgos valorados, que orienta el diseño de procedimientos frente a riesgos detectados.
• NIA 265 - Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad, especialmente cuando se detectan debilidades en debida diligencia, autorizaciones o monitoreo.

¿Qué es el SPLAFT y cómo aplica a una ONG?

El SPLAFT es el conjunto de políticas, procedimientos, controles, órganos de supervisión y mecanismos de monitoreo orientados a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar relacionadas con lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

En una ONG, este sistema debe adaptarse a su realidad operativa. No es lo mismo una asociación pequeña que ejecuta un solo proyecto local de S/ 180,000 al año, que una fundación con fondos de cooperación internacional por S/ 12 millones, operaciones en varias regiones y múltiples contrapartes.

Los riesgos más frecuentes en el sector no lucrativo incluyen:

• Donaciones de origen no suficientemente documentado.
• Aportes recibidos desde jurisdicciones de alto riesgo.
• Uso de terceros o intermediarios para canalizar fondos.
• Proveedores vinculados a directivos o personal clave sin adecuada revelación.
• Beneficiarios inexistentes o no verificados.
• Pagos en efectivo sin sustento sólido.
• Fragmentación de desembolsos para evitar controles.
• Proyectos ejecutados en zonas con presencia de economías ilegales.

Obligaciones de las ONGs ante la UIF-SBS: enfoque práctico

No todas las ONGs tienen exactamente las mismas obligaciones, pero toda organización sin fines de lucro debe evaluar formalmente su exposición al riesgo y determinar si califica como sujeto obligado conforme a la normativa emitida por la SBS y la UIF-Perú.

Incluso cuando una entidad no tenga una obligación directa de reporte equivalente a otros sectores regulados, resulta altamente recomendable adoptar buenas prácticas de prevención, porque los bancos, cooperantes internacionales y auditores externos cada vez exigen mayores estándares de transparencia.

Elementos mínimos esperados en un sistema preventivo

• Política institucional de prevención LA/FT aprobada por el órgano de gobierno.
• Evaluación de riesgos por tipo de donante, proyecto, zona geográfica, contraparte y canal de pago.
• Procedimientos de conocimiento del donante, proveedor, contraparte y beneficiario.
• Registro, archivo y trazabilidad documental de operaciones.
• Monitoreo de operaciones inusuales.
• Escalamiento interno y análisis de alertas.
• Capacitación periódica al personal y directivos.
• Auditoría o revisión independiente del sistema.

Componentes esenciales de un SPLAFT eficaz en organizaciones sin fines de lucro

1. Gobierno corporativo y tone at the top

El primer error en muchas ONGs es considerar el SPLAFT como una tarea exclusiva del área administrativa o contable. En realidad, la responsabilidad empieza en el consejo directivo, patronato, asamblea o directorio, según la estructura de la entidad.

La alta dirección debe aprobar políticas, definir niveles de tolerancia al riesgo, asignar recursos y exigir reportes periódicos. Si la gerencia general prioriza únicamente la ejecución del gasto y el cumplimiento del proyecto, sin revisar el origen y destino de fondos, el sistema será débil.

2. Enfoque basado en riesgos

Un SPLAFT eficiente no implica revisar todo con la misma intensidad. Debe aplicarse un enfoque basado en riesgos, considerando variables como:

• País o jurisdicción del donante.
• Tipo de financiamiento recibido.
• Monto de la operación en Soles (S/).
• Uso de efectivo versus transferencias bancarias.
• Actividades ejecutadas en zonas de alto riesgo.
• Naturaleza del proveedor o aliado local.
• Complejidad de la estructura de la contraparte.

3. Debida diligencia: conocer al donante, proveedor y beneficiario

La debida diligencia es una de las piezas más importantes del sistema. No basta con archivar un convenio o una factura. La organización debe conocer razonablemente quién entrega los fondos, quién los ejecuta y quién se beneficia de ellos.

En la práctica, esto implica solicitar y revisar:

• Ficha RUC y vigencia de poder.
• Documentos de identidad de representantes legales.
• Estatutos o documentos constitutivos.
• Información sobre beneficiario final, cuando corresponda.
• Referencias institucionales o trayectoria del cooperante o aliado.
• Contratos, convenios y adendas.
• Sustento del origen de fondos en operaciones relevantes.

Además, es recomendable contrastar a las contrapartes con listas restrictivas, sanciones internacionales y alertas públicas, según la política interna de la entidad y el nivel de riesgo.

4. Monitoreo de operaciones inusuales y sospechosas

Una operación inusual no siempre es ilícita, pero sí requiere análisis. Por ejemplo, una donación extraordinaria de S/ 350,000 de una entidad extranjera sin historial conocido, con instrucciones de ejecución urgente y poca documentación, merece revisión reforzada.

Entre las señales de alerta más frecuentes en ONGs se encuentran:

• Donantes que se niegan a proporcionar información básica.
• Transferencias fraccionadas de montos cercanos entre sí.
• Cambios reiterados de cuentas bancarias receptoras.
• Proyectos con ejecución acelerada sin lógica operativa.
• Proveedores que emiten comprobantes pero no evidencian capacidad real.
• Rendiciones con documentos repetidos, inconsistentes o alterados.
• Reembolsos frecuentes al personal sin sustento suficiente.

5. Capacitación y cultura de cumplimiento

Un manual sin capacitación no funciona. El personal de logística, tesorería, proyectos, contabilidad, recursos humanos y dirección debe entender qué señales observar y cómo escalar incidencias. En ONGs, muchas fallas surgen porque el equipo de campo no relaciona una irregularidad documental con un riesgo LA/FT.

Ejemplo práctico: ONG que recibe cooperación internacional para proyectos rurales

Una asociación civil en Cajamarca recibe S/ 1,200,000 de una fundación extranjera para ejecutar un programa de fortalecimiento agrícola en tres distritos. Durante la implementación, la ONG subcontrata a una consultora local recién creada por S/ 280,000 para asistencia técnica y movilización comunitaria.

En una revisión interna se detecta lo siguiente:

• La consultora tiene menos de seis meses de constituida.
• Su representante legal fue trabajador de la ONG hasta el año anterior.
• No existe evidencia suficiente de experiencia técnica previa.
• Los informes presentados son genéricos y repetitivos.
• Parte de los pagos se solicitaron con carácter urgente.

Desde un enfoque SPLAFT, la organización debió aplicar debida diligencia reforzada antes de contratar. No se trata solo de una posible observación administrativa o conflicto de interés; también existe riesgo de uso indebido de fondos para simular servicios y dar apariencia de legalidad a recursos desviados.

La respuesta adecuada incluiría:

• Suspender nuevos pagos hasta completar la revisión.
• Solicitar sustento de capacidad operativa y entregables verificables.
• Evaluar vinculación y conflicto de interés.
• Documentar el análisis de la operación inusual.
• Determinar si corresponde escalar el caso conforme a la política interna y normativa aplicable.

Documentación y controles internos que toda ONG debería implementar

Desde la experiencia de auditoría en Perú, muchas organizaciones cuentan con buenas intenciones, pero no con evidencia documentaria suficiente. Frente a una revisión de cooperantes, auditoría externa o requerimiento regulatorio, “haber revisado” no basta si no existe soporte.

Relación entre SPLAFT, auditoría financiera y cumplimiento tributario

En la práctica, el SPLAFT no debe verse aislado del resto de la gestión institucional. Una debilidad en prevención LA/FT suele venir acompañada de otros problemas: sustentación deficiente del gasto, rendiciones observables, incumplimientos laborales, contingencias tributarias y fallas en control interno.

Por ejemplo, si una ONG registra servicios por S/ 95,000 con comprobantes válidos, pero no puede acreditar la efectiva prestación, el problema no es solo contable. También puede existir un riesgo de operación no auténtica, desvío de fondos o uso de terceros para ocultar beneficiarios reales.

Desde la información financiera, esto puede impactar el reconocimiento de gastos, provisiones, revelaciones y contingencias, en línea con:

• NIC 1 - Presentación de Estados Financieros, por la adecuada revelación de políticas y contingencias relevantes.
• NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, si existe una obligación presente derivada de investigaciones, sanciones o reclamos.
• NIIF 7 - Instrumentos Financieros: Información a Revelar, cuando corresponda informar riesgos financieros y exposición asociada a instrumentos o contrapartes.

Errores frecuentes en ONGs peruanas respecto al SPLAFT

• Creer que por tener fines sociales no existe riesgo de lavado de activos.
• Confiar únicamente en la reputación del donante o aliado sin validación documental.
• No revisar vínculos entre proveedores y personal interno.
• Permitir pagos en efectivo por costumbre operativa.
• No actualizar expedientes de contrapartes.
• Carecer de una matriz de riesgos formal.
• No capacitar al personal de campo.
• No documentar el análisis de operaciones inusuales.

Ejemplo práctico: asociación que canaliza donaciones para ayuda humanitaria

Tras una emergencia por lluvias en el norte del país, una asociación recibe múltiples donaciones pequeñas y medianas por un total de S/ 420,000. Parte de esos fondos ingresa por transferencias bancarias, pero también se reciben depósitos de terceros sin identificación clara y aportes en efectivo.

La urgencia de la ayuda lleva a la organización a comprar bienes a proveedores informales y distribuirlos sin padrones completos de beneficiarios.

Aunque la finalidad social sea legítima, el riesgo de la operación aumenta por:

• Origen insuficientemente identificado de ciertos aportes.
• Uso intensivo de efectivo.
• Debilidad en trazabilidad de compras y entregas.
• Escasa documentación de beneficiarios finales.

En estos casos, una buena práctica sería implementar controles de emergencia, tales como cuentas bancarias exclusivas para la campaña, registro diario de ingresos, validación posterior de aportantes relevantes, padrones mínimos de entrega, actas de recepción y conciliaciones periódicas.

Buenas prácticas para fortalecer el cumplimiento ante la UIF-SBS

Diseñe políticas proporcionales al tamaño de la entidad

Una ONG pequeña no necesita la misma estructura que una organización de alcance nacional, pero sí requiere reglas claras, responsables definidos y evidencia de control.

Formalice la evaluación de riesgo al menos una vez al año

La evaluación debe actualizarse cuando cambien los donantes, se abran nuevas sedes, se ingresen proyectos en zonas sensibles o se incorporen nuevas modalidades de captación de fondos.

Reduzca al mínimo el uso de efectivo

En el Perú, muchas operaciones de campo se realizan en contextos de baja bancarización. Aun así, debe priorizarse el uso de transferencias, billeteras autorizadas y mecanismos trazables.

Integre al área de auditoría o control interno

La revisión independiente ayuda a detectar debilidades antes de que se conviertan en contingencias mayores. La NIA 265 - Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad resulta especialmente útil para estructurar observaciones y recomendaciones.

Documente todo

En prevención LA/FT, lo no documentado es difícil de defender. La evidencia debe ser ordenada, verificable y accesible.

Aspectos legales y de responsabilidad de directivos

Los directivos de ONGs y organizaciones sin fines de lucro no deben asumir que la responsabilidad se limita al área administrativa. Si la entidad omite controles razonables y ello facilita la comisión de actos ilícitos, pueden generarse consecuencias civiles, administrativas e incluso penales, según el caso concreto.

Además, bajo la Ley N.° 30424, la persona jurídica puede enfrentar responsabilidad administrativa si no cuenta con un modelo de prevención adecuado frente a determinados delitos. Aunque cada caso requiere análisis especializado, el mensaje es claro: la prevención ya no es opcional desde una perspectiva de buen gobierno.

Conclusión

La prevención de lavado de activos (SPLAFT) en ONGs y organizaciones sin fines de lucro ante la UIF-SBS es hoy una necesidad estratégica, no solo un tema regulatorio. Las entidades que administran fondos de cooperación, donaciones y recursos para fines sociales deben protegerse frente a riesgos legales, reputacionales y operativos mediante políticas claras, debida diligencia, monitoreo, capacitación y control interno efectivo.

En el contexto peruano, donde muchas organizaciones operan en zonas de alta informalidad y con múltiples contrapartes, un enfoque basado en riesgos y debidamente documentado marca la diferencia entre una institución sólida y una expuesta a observaciones severas.

Si su organización necesita evaluar su exposición, diseñar o fortalecer su SPLAFT, realizar una auditoría de cumplimiento o revisar sus controles internos, en Carlos Lingan & Asociados S.C. podemos ayudarle. Escríbanos a auditor@carloslingan.pe para una asesoría especializada.